España en crisis

La crisis política en España y su impacto en América

España era una potencia en crisis, mal gobernada y profundamente dividida en dos bandos. El primero, encabezado por el rey Carlos IV, apoyado principalmente en la nobleza; el segundo, liderado por Fernando, hijo del monarca, contaba con las simpatías del pueblo y la burguesía. Estas divisiones internas las aprovechó hábilmente Napoleón para extender su imperio a la península ibérica.

Bajo pretexto de castigar a Portugal por su negativa a negarse al bloqueo continental, firmó con el rey de España, en octubre de 1808, el Tratado de Fontainebleau. En este tratado España autorizaba el cruce a través de su territorio de 28.000 soldados franceses para llevar a cabo la campaña contra Portugal.

Napoleón, quien contaba a su haber con la ocupación militar de la península y la profunda división entre los españoles. A objeto de consumar sus planes, ordenó a Carlos y a Fernando acudir a Bayona. Las consecuencias de la llamada Entrevista de Bayona fueron graves: una vez reunidos, Fernando, presionado por Napoleón, renunció a la corona a favor de su padre, quien a su vez lo hizo a favor del emperador francés. Napoleón procedió a continuación a designar como nuevo rey de España a su hermano, quien ascendió con el título de José I.

Sin embargo, el pueblo español no aceptó aquella determinación hechas al gusto de Napoleón y se alzó para rechazar a los invasores. Partiendo los españoles del principio que su rey legítimo era Fernando VII, y este se encontraba cautivo, la soberanía o poder pasaba al pueblo (principio de la soberanía popular), el cual tenía derecho a darse la forma de gobierno más conveniente para la defensa del reino; procedieron a formar juntas de gobierno en cada comuna de España. En sus actas de instalación declararon dos principios básicos:

1º Ser representantes del rey cautivo

2º Que gobernarían hasta su restitución.

3°Para hacer más efectiva la lucha contra los franceses, las juntas provinciales delegaron el poder en una junta provisional general de gobierno (1809) conocida como Junta Central de Sevilla, reemplazada al año siguiente por el Consejo de Regencia de Cádiz, quien se propuso gobernar en forma provisional España y América.

Pero también, y para no perder el control sobre América, ordenó a los criollos el envío a España de diputados que se reunirían con los de la península en las llamadas Cortes de Cádiz. Esta corte o parlamento se reunió en 1812, proclamando la igualdad entre americanos y españoles; suprimiendo la Inquisición y promulgando una constitución que establecía por vez primera en España una monarquía constitucional.

En tales circunstancias, los habitantes americanos debían resolver algo. El tiempo pasaba rápidamente. Tales sucesos se habían producido en el transcurso de poco más de un año, de 1808 a 1809. Fue así como, ya a fines de la última de estas fechas, en Chile había dos tendencias políticas: una que aspiraba a la independencia del país, punto de apoyo estaba en el Cabildo de Santiago, y otra, monárquica, que no quería ni oír hablar de la pérdida de la metrópoli. El segundo grupo lo constituían los altos funcionarios con los demás españoles europeos, encabezado por el gobernador de la colonia, García Carrasco.

Las dos tendencias no eran sino la expresión de la profunda rivalidad que desde mucho tiempo venia distanciando a los criollos chilenos de los españoles peninsulares: aquellos, preocupados especialmente de la suerte de su país, merecían llamarse por eso patriotas, y los otros, que sostenían con preferencia la causa de la metrópoli, merecían llamarse por eso simplemente españoles.

El fin de un mal gobierno colonial en Chile

Pero las disidencias producidas con ocasión de los sucesos de España no fueron las únicas. Hubo otras que apuntaban directamente al gobernador mismo de Chile, más que a la metrópoli. Don Francisco Antonio García Carrasco, antiguo militar llegaba al poder gracias a la muerte de modo repentino del gobernador Luis Muñoz de Guzmán en 1808. Dos años antes el rey había dispuesto que, en caso de acefalía del gobierno por una causa como ésa, lo tomara interinamente el oficial de mayor graduación que hubiera en el país y que no bajara de coronel. García Carrasco se hallaba en el caso de aprovechar esta ordenanza. Era brigadier o general de ejército. Extraño a asuntos de administración pública, trajo de Concepción, como secretario particular y consejero, a Martínez de Rozas, abogado chileno que lo había impulsado a posesionarse del mando ofreciéndole su concurso de persona entendida en tales negocios. Por esa causa, todo el mundo creyó que el verdadero gobernante iba a ser el secretario.

Martínez de Rozas figuraba entonces entre el escaso número de personas realmente ilustradas que había en Chile. Acompañó a García Carrasco más de unos cuantos meses, lo que sirvió para que volviera a Concepción, resuelto a ponerse en contacto con la gente más culta del Sur y de Santiago, a fin de preparar un cambio completo en el régimen político.

García Carrasco, mientras tanto, fue de desacierto en desacierto, y pronto tuvo en su contra a la sociedad más rica de la colonia, a la Real Audiencia, al clero dirigente de la Iglesia y al Cabildo de Santiago, lo que derivó en un sostenido malestar. Comenzó entonces a adoptar medidas de rigor. Dictó decretos en que prohibía hasta las conversaciones sobre los asuntos de la metrópoli, e intentó expulsar a los pocos extranjeros que residían, por considerarlos agentes propagandistas de ideas de revolución.


Martínez de Rozas

Ante todo esto, a principios de 1810 el grupo patriota ya miraba de frente al adversario y se organizaba para luchar contra él. Representaba un conjunto de vagas aspiraciones de reforma, que algunos hombres ilustres definían mejor que otros. Entre sus caudillos más respetados figuraban José Antonio Rojas, en Santiago, y Juan Martínez de Rozas

Conocidos eran ya los movimientos subversivos que en 1809 habían estallado en Quito y Chuquisaca. En Buenos Aires, donde los ánimos se preparaban, como en Chile, para la lucha próxima, las autoridades tenían noticias de la agitación que aquí dominaba, y el virrey de esa jurisdicción comunicaba a García Carrasco que se tramaban complots contra su Gobierno.

José Antonio Rojas, Juan Antonio Valle y el abogado argentino Bernardo Vera Pintado fueron sindicados como responsables de maquinación contra el reino y tomados prisioneros. Eran las primeras detenciones hechas por el gobierno hacia el grupo patriota. En la madrugada del día 26 de mayo, los reos se dirigían a Valparaíso, para ser embarcados con destino al Perú.

Tan pronto se esparció la noticia de la prisión, las familias de los reos pidieron al gobernador revocar la orden de destierro, y a su solicitud adhirieron el Cabildo la Curia del obispado, el alto comercio, el vecindario más representativo y hasta la Real Audiencia. La orden fue revocada y un oidor de este Tribunal se trasladó a Valparaíso para formar el proceso consiguiente.

Ahora bien, un hecho significativo determinó un cambio en las acciones. A fines de junio llegó a Santiago, y se esparció rápidamente, la noticia de haber estallado en Buenos Aires, el 25 de mayo anterior (precisamente el mismo día en que se apresaba a Rojas, Ovalle y Vera), un movimiento popular que había depuesto al virrey y establecido una Junta Nacional de Gobierno. Esta novedad determinó al gobernador usar más fuerza. Dio orden inmediata de embarcar a éstos sin más trámites, y, efectivamente, el 10 de julio una fragata levantaba anclas en Valparaíso con rumbo al Perú, llevando a su bordo a Rojas y a Ovalle. Respecto a Vera, quedaba por el momento en Valparaíso.

La noticia llegó rápidamente a Santiago. El Cabildo se reunió inmediatamente en sesión extraordinaria, que se convirtió por si sola en cabildo abierto, porque toda la muchedumbre se precipitó sobre la sala, pidiendo se exigiera al gobernador la revocación inmediata de aquella orden. En medio del tumulto, que era casi un motín, y mediante la intervención de la Audiencia, García Carrasco la revocó; pero ya era tarde. Dos días después se supo que, cuando llegó a Valparaíso el encargado de llevar la noticia, los reos navegaban en alta mar hacía muchas horas.

La exaltación subió enormemente. Nadie dejó de armarse para resistir los atropellos que el rumor público anunciaba sobre un golpe de fuerza que produciría el tristemente célebre García Carrasco.

La Real Audiencia, informada de tales manejos, creyó prudente resolver la cuestión de manera pacífica. Al efecto, se acercó a García Carrasco a pedirle la renuncia del mando. El 16 de julio a mediodía se anunciaba al pueblo que el presidente había renunciado a favor del Conde de la Conquista, Mateo de Toro Zambrano

A continuación, Ver Patria Vieja.

Fuentes:

“Historia de Chile”, Francisco Antonio Encina

“Historia y geografía de Chile”, Francisco Galdames y Osvaldo Silva

Compilación: Profesor en Línea